LOE

LOE: INSUFICIENTE
Movilízate por una Ley de Educación que refuerce la Escuela Pública y mejore las condiciones de trabajo en la enseñanza

Compromiso social por la Escuela Pública

El debate sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE) ha implicado el debate sobre el pacto en educación. Desde que se anunció la nueva ley, la Confederación de STEs-intersindical ha defendido la necesidad de que ésta establezca sin reservas un claro compromiso social por la Escuela Pública y de alcanzar un gran pacto educativo que lo refleje legalmente. Nada parecido a lo que pretenden algunas organizaciones: llegar a un acuerdo descompensado entre las redes pública y privada en el que se diluyen los compromisos y los controles, sin querer asimilar una realidad incontestable. Tanto la derecha social y política como las patronales quieren que la enseñanza privada siga recibiendo subvenciones públicas sin renunciar al dinero que les abonan las familias por ciertas actividades. Estos sectores, que se niegan a aceptar límites a ese modelo de financiación, no dudan en seleccionar, discriminar y adoctrinar a niños y jóvenes y someter a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. Su modelo es una educación elitista, segregadora y privatizada, como preconizaba la Ley de Calidad (LOCE). Frente a ello, los colectivos y organizaciones progresistas propugnamos el modelo de Escuela Pública, un sistema educativo de calidad para todo el alumnado, que respete las diferencias y compense las desigualdades, una educación que prepare para la vida, que esté enraizada en su entorno y que sea respetuosa con las diversas realidades nacionales, culturales y lingüísticas del Estado.

 

Una Escuela Pública vertebradora del sistema

STEs-i ha defendido, defiende y defenderá siempre una ley de educación que sitúe la Escuela Pública como eje vertebrador del sistema educativo.

Durante la tramitación parlamentaria de la LOE, la Confederación de STEs-intersindical intensificará sus esfuerzos para que se abra una nueva etapa en la educación de nuestro país. Hemos denunciado el estado de la educación tras ocho años de gobierno del PP y hemos luchado para que la Escuela Pública recupere su prestigio.

STEs-i ha estudiado y debatido en asambleas la propuesta de reforma educativa del gobierno del PSOE, y ha presentado centenares de propuestas y enmiendas a su redacción inicial, tanto al Consejo Escolar del Estado, como al Ministerio y a los grupos políticos parlamentarios. El Gobierno ha aceptado algunas de nuestras propuestas como la necesidad de que la ley regule todas las enseñanzas, la obligación de las administraciones de construir centros públicos en zonas de nueva población o la no equiparación conceptual de lo que significa la red pública y la privada. Las iniciativas de STEs-i van a proseguir con el objetivo de propiciar una LOE que refuerce la Escuela Pública, que reconozca la importancia de la tarea de enseñar y que mejore las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza.

Conviene recordarle al Partido Socialista —y a los partidos que lo apoyan— cuáles fueron las propuestas que planteó mientras estaba en la oposición. El PSOE defendió en su campaña electoral de 2004 la necesidad de un marco legislativo que recogiera la prioridad política y presupuestaria de la red pública, el compromiso de no concertar unidades en niveles no obligatorios, y conseguir una escuela democrática, laica, coeducadora e integradora de la diversidad y de calidad. En este sentido, si queremos transformar los aspectos regresivos existentes en el redactado del actual proyecto de ley, las organizaciones que hemos defendido unidas la Escuela Pública hemos de seguir haciéndolo codo a codo en las Plataformas de Defensa de la Escuela Pública y en las movilizaciones que vamos a impulsar. 

Un proyecto decepcionante

1. El proyecto no trata con carácter prioritario a los centros públicos, que escolarizan a la mayoría del alumnado.

2. La propuesta de financiación es claramente insuficiente y no va acompañada de una ley específica de financiación. La financiación contemplada en la memoria económica que acompaña al proyecto supone un 0’22% del PIB. En consecuencia, en 2010, cuando concluya la implantación de la ley, el porcentaje del PIB del estado dedicado a Educación será de un 4’42%, muy inferior a la cantidad invertida en 1993 (4’9%) y a la media de la Unión Europea (5’2%). La mitad de los recursos económicos de la memoria, 6.000 millones de euros, se destinarán a financiar centros privados de Infantil, Bachillerato y FP.

3. La gestión democrática de los centros está ausente en un proyecto de ley que profundiza en la jerarquización y la división entre el profesorado. Se pretende que la Administración influya de manera decisiva en la designación de los cargos directivos, se mantienen las prerrogativas del cuerpo de catedráticos y, además, la nueva disposición provocará la reconversión del profesorado de Música, Plástica, Tecnología, Informática, Idiomas Modernos y Lenguas Clásicas…

4. Se introduce una carrera docente basada en la evaluación externa y la competencia entre el profesorado. Se empeoran las condiciones laborales del profesorado funcionario al contemplarse medidas de movilidad forzosa y de "redistribución de efectivos".

5. No se resuelve la situación de precariedad del profesorado interino al carecer de propuestas de acceso diferenciado de este colectivo a la función pública.

6. No se adoptan medidas efectivas de mejora de la calidad, como la disminución de ratios, la reducción de la carga lectiva del profesorado o la inclusión de otros profesionales en las plantillas de los centros… Tampoco se contemplan medidas de la conciliación de la vida laboral y personal del profesorado.

7. No se prorroga de manera indefinida la “jubilación LOGSE”, ni se regula la reducción horaria sin merma salarial para el profesorado mayor de 55 años.

8. Se permite el adoctrinamiento de niños y jóvenes al mantener en el currículo la enseñanza confesional de las distintas religiones.

9. Se permite a las comunidades autónomas concertar el segundo ciclo de la Educación Infantil (3-6 años), así como en el Bachillerato y la Formación Profesional.

10. Se diluyen los controles de los conciertos y se dificultan las posibilidades para rescindirlos. Se contempla incluso una financiación extraordinaria para centros privados en determinadas condiciones.

La Confederación de STEs-intersindical propone a todas las personas y colectivos defensores de la Escuela Pública denunciar los aspectos regresivos del actual proyecto de ley y participar en acciones de presión para mejorar su contenido. Exigimos que esta nueva Ley contemple:

1. Un compromiso social con la escuela pública que frene la privatización del sistema, que garantice su gratuidad y paralice la concertación de las etapas educativas no obligatorias.

2. Una educación garantizada presupuestariamente con una Ley de Financiación. Como única vía para superar el atraso histórico en infraestructuras educativas se debe contemplar una inversión en educación del 7% del PIB.

3. Una gestión democrática y no jerarquizada de los centros, que incluya la elección de la dirección y la eliminación de las divisiones entre el profesorado. Se ha de avanzar hacia el Cuerpo Único de Enseñantes.

4. Una enseñanza de calidad para todos y todas, integradora, superadora de desigualdades, laica y coeducadora.

5. Una educación que dé prioridad a la atención a la diversidad, con reducción de las ratios y del horario lectivo del profesorado.

6. Una educación científica y crítica para comprender y transformar la realidad.

7. Un acceso diferenciado a la función pública docente y un plan de estabilidad para el profesorado interino.

8. Dignificación social y económica de la tarea de enseñar. Aumento lineal del salario para todo el profesorado.

9. Formación del profesorado dentro de la jornada laboral.

10. Protección de la salud y prevención de los riesgos laborales.

11. Vigilancia estricta de la legalidad en relación a la admisión de alumnado, con el cobro de actividades voluntarias y con garantías profesionales para el personal que trabaja en centros privados concertados. Rescisión de conciertos y sanciones proporcionales ante los incumplimientos de la ley.

12. Garantía para toda la población de poder cursar sus estudios en centros públicos.

13. Creación de puestos escolares en la red pública —incluida una oferta suficiente en el tramo 0-3 años— con dotaciones suficientes de personal y de materiales.

14. Disminución de la ratio en todos los niveles educativos.

15. Reconocimiento de la interculturalidad y de las distintas realidades nacionales y lingüísticas en todo el estado.

STES-intersindical, propone:

Educación Infantil y Primaria

  • Oferta gradual y progresiva de plazas de Infantil de primer ciclo (0-3 años) hasta conseguir satisfacer la totalidad de la demanda en un período no superior a seis años. Inclusión en las plantillas de estos centros de profesionales que colaboren en la mejora de la escolarización y del sistema educativo.

  • Medidas de atención a la diversidad: reducción de la ratio de alumnos y alumnas por aula. Detección temprana y tratamiento adecuado de las dificultades de aprendizaje.

  • Medidas efectivas para la compensación de desigualdades: servicios complementarios públicos, gratuitos y de calidad.

  • Rechazo a las evaluaciones de diagnóstico. No a la sustitución de objetivos generales y específicos por las “competencias básicas”.

  • Dotación adecuada de personal y de medios materiales en todos los centros públicos.

Educación Secundaria

  • Reducción de la cantidad de alumnado por grupo y del alumnado al que imparte clase cada profesor o profesora.

  • Medidas de atención a la diversidad que contemplen las nuevas situaciones existentes en los centros escolares.

  • Creación de nuevos perfiles profesionales y dotación de las plantillas necesarias.

  • Tratamiento educativo de los valores en todo el proceso educativo. Currículo que incorpore la formación de personas críticas, solidarias y conocedoras de las realidades culturales, un currículo alejado del modelo que sólo pretende formar individuos al servicio del mercado y la competitividad.

  • No a la competitividad entre centros y entre el alumnado. Han de evitarse los efectos perversos derivados de la difusión de supuestas evaluaciones de diagnóstico que ignoran el medio y los medios con que se desarrollan las tareas educativas.

  • Medidas efectivas para la compensación de desigualdades: servicios complementarios públicos, gratuitos y de calidad.

  • Dotación de personal y de suficientes medios materiales en todos los institutos.

Bachillerato

  • Reducción de la cantidad de alumnado por grupo.

  • Garantía de impartición de las tres modalidades de Bachillerato en todas las comarcas y distritos escolares.

  • Programas de ayuda para garantizar a toda la población escolar —independientemente de su lugar de residencia— el acceso a centros públicos.

  • Rechazo a las pruebas selectivas para el alumnado de centros públicos.

Formación Profesional (FP)

  • Derogación de la Ley de FP y las Cualificaciones.

  • Rechazo a la privatización de las enseñanzas de FP.

  • Consideración del centro público como el eje de toda la FP.

  • Satisfacción plena de la demanda de ciclos formativos en cada comarca.

  • Garantía de acceso a los ciclos independiente del lugar de residencia.

Atención a la diversidad

  • Alto a la privatización. Aumento de los recursos en los centros públicos. Establecimiento de mecanismos de control.

  • Educación Especial a cargo de las administraciones públicas. Medidas efectivas desde los primeros indicios, en Infantil.

  • Disminución del número de alumnas y alumnos por aula en todos los niveles.

  • Tutorización del alumnado ligada a la función docente. Tutoría educativa compartida por todo el profesorado.

  • Inclusión de tres horas lectivas para todo el profesorado con tarea tutorial.

  • Programas de acogida para el alumnado que se incorpore a los centros en cualquier momento.

  • Garantía de recursos económicos, dotación de profesorado y personal específico para atender y garantizar el éxito escolar a todo el alumnado.

  • Formación permanente del profesorado en horario lectivo. Atención especial a la formación intercultural y resolución de conflictos.

Profesorado

  • Mejora de las condiciones de la docencia. Reducción de las ratios y del total de alumnado al que se imparten las clases. Dotación extraordinaria de profesorado y de otros profesionales en Infantil.

  • Incremento de las retribuciones para todo el profesorado.

  • Regulación del acceso diferenciado para el profesorado interino a medida que vaya alcanzando tres años de servicio y estabilidad para todo el colectivo.

  • Formación inicial equivalente a la licenciatura para todo el profesorado. En la perspectiva de avanzar hacia el Cuerpo Único de Enseñantes, asignación de los niveles 24, para el Cuerpo de Maestros/as y 26 para los de Secundaria.

  • Movilidad horizontal y vertical para todo el profesorado. No a la carrera docente basada en evaluaciones externas. No a los criterios meritocráticos y jerarquizadores. Consideración del carácter de tutor para todo el profesorado. Acceso por concurso del grupo B al A.

  • Desaparición de los Cuerpos de Catedráticos.

  • Prórroga indefinida de las jubilaciones a los 60 años, o con 30 de servicio, con mejora de las gratificaciones correspondientes.

  • No a la movilidad forzosa.

  • Reconocimiento de las enfermedades laborales del profesorado.

  • Estatuto de la Función Pública Docente respetuoso con los derechos del profesorado. Incorporación de los avances obtenidos en los acuerdos de las Mesas Sectoriales de las Comunidades Autónomas.

Laicidad y valores

  • La enseñanza confesional de las religiones debe quedar fuera de la escuela.

  • Fomento de la educación en valores en todas las materias para formar personas críticas, solidarias, respetuosas con la diversidad.. La Educación para la Ciudadanía como asignatura no es la solución.

  • Inclusión de la variable "sexo" entre las causas por las que no puede discriminarse.

Dirección y gestión de centros

  • Gestión democrática y participativa de los centros.

  • Elección de la dirección por parte del consejo escolar.

  • Dotación económica suficiente a todos los centros públicos.

  • Dotaciones extraordinarias para atender la compensación de las desigualdades.

  • Autonomía pedagógica y organizativa de los centros.

 

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