FORMACIÓN PROFESIONAL

 
CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LAS CUALIFICACIONES
     El Consejo de Ministros del día 14 de Diciembre aprobó el proyecto de Ley orgánica de la Formación Profesional y las Cualificaciones, que se encuentra ahora en plazo de enmiendas en el Congreso, plazo que finaliza el 15 de Febrero. Dicho proyecto fue precedido por diversos borradores, a lo largo de casi un año, al tiempo que se consensuaba, más o menos abiertamente, su contenido con los "agentes sociales", es decir, patronales y sindicatos.
Casi la mitad del texto está ocupada por una exposición de motivos y un Título preliminar que explica la finalidad de la Ley y los principios y fines de un "Sistema Nacional de Formación Profesional y Cualificaciones".

     El Título I se consagra a las cualificaciones profesionales, creándose un Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, constituido por las cualificaciones identificadas en el sistema productivo, organizado en Módulos formativos, a su vez articulados en un Catálogo Modular de Formación Profesional, de actualización permanente.

     El artículo 6 establece que las prácticas en empresas no tendrán carácter laboral.
El artículo 8 contempla la existencia de unos Títulos de Formación Profesional y unos Certificados de Profesionalidad, expedidos por las Administraciones competentes, al tiempo que se pueden evaluar y acreditar competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

     En el Título II se define la Formación Profesional como un conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones y que incluye "las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción o reinserción laboral, así como las orientadas a la formación continua en las empresas".

     A este propósito, la Administración determinará los Títulos y Certificados de Profesionalidad que constituirán las ofertas de formación profesional, referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas ofertas se impartirán en Centros de Formación Profesional cuyos requisitos básicos se establecerán previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional.
 
     La formación que reciba financiación pública puede ofrecerse por los centros o por las empresas directamente (art. 11. 3).

     A este propósito la Administración podrá crear o autorizar Centros Integrados de F. P. En los Centros Integrados de titularidad pública, la dirección será nombrada mediante el procedimiento de libre designación, entre funcionarios públicos docentes y previa consulta a los órganos colegiados del centro, cuya composición y funciones "el Gobierno adaptará a sus características específicas".

     Existirá una red de centros de referencia nacional, especializados en los distintos sectores productivos que desarrollarán la innovación y experimentación.

     El Art. 13 contempla la posibilidad de ofertas formativas con cargo a fondos públicos no referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Las competencias profesionales adquiridas mediante esta oferta podrán ser acreditadas una vez sean incorporadas al Catálogo de Cualificaciones.

     El Título III, tan breve como ambiguo, establece que la Administración General del Estado detenta una función de coordinación de la información y orientación laboral que corresponderá a las diversas Administraciones y a los "agentes sociales".

     Lo mismo puede decirse del Título IV, dedicado a la Calidad y evaluación del Sistema Nacional de Formación Profesional y Cualificaciones, que se limita a exponer que corresponde al Gobierno el establecimiento y coordinación de los procesos de evaluación del Sistema, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional.

     En las Disposiciones Adicionales se establece que los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de E. Secundaria y Técnicos de F.P. podrán desempeñar funciones, no sólo en la formación profesional específica, si no en los demás ámbitos de la formación profesional regulados en la Ley. Igualmente, toda la formación profesional podrá ser impartida por profesionales cualificados, en las condiciones y régimen que determinen las Administraciones competentes.

     Por último, la disposición adicional tercera declara áreas prioritarias en las ofertas formativas las relativas a tecnologías de la información y la comunicación, idiomas de los países de la UE, trabajo en equipo y prevención de riesgos laborales.

     Todo el Proyecto apunta a la desregulación y privatización del actual F.P., con claras insuficiencias en cuanto a financiación, evaluación, delimitación de competencias de las CCAA. etc. Igualmente se deben señalar las incertidumbres que se abren para el profesorado de la F.P. con una desregulación clara de sus funciones y la introducción de formadores ajenos al profesorado del sistema público. Podemos criticar, igualmente, la posibilidad de acreditar títulos y certificaciones por las entidades privadas, la diversificación en varios tipos de centros que supondrá una discriminación en el acceso a una formación de la misma calidad y ´"cotización" en el mercado laboral o los cambios en el modelo de dirección de los centros, cuyos directores serán designados por la Administración.

     Todas estas críticas son relevantes, y deberán constituir ejes en la campaña contra la Ley, junto con la crítica al carácter no laboral de las prácticas en empresas y los abusos a que ya da lugar, además del papel de CCOO y UGT en este asunto. Igualmente habría que destacar el carácter de modelo aplicable a los demás niveles educativos, como demuestra ya la LOU.
Pero quizá habría que ir más allá en el análisis si queremos enfrentarnos a una Ley que cuenta con un respaldo político y sindical abrumador y que se refiere a un ámbito ¿educativo? en el que parece que la acción concertada de empresas, sindicatos y Administración educativa está plenamente justificada: formación profesional, por tanto formación para el empleo, que debe estar orientada y ¿por qué no?, dirigida por los que tienen la capacidad de emplear.

     El Proyecto de Ley conecta plenamente con ese sentido común, hasta el punto que su casi total ausencia de disposiciones concretas, su dejarlo todo al desarrollo posterior de los "agentes sociales" en connivencia con las distintas Administraciones, refleja el convencimiento de que la mejor Ley de F. P. es la que no existe, la que no regula, la que se limita a poner a disposición de los empresarios y sindicatos los recursos públicos para que éstos, que son los que saben, determinen en los distintos Consejos de la F.P. qué tipo de centros quieren, qué tipo de oferta formativa es necesaria o qué tipo de evaluación, acreditación y titulaciones deben ponerse en marcha.

     El texto del Proyecto es una declaración de intenciones, una filosofía de la Formación Profesional, que requiere ser desmontada críticamente, para poder combatirla. Algunos elementos de esa crítica son los que trataremos de exponer a continuación, siguiendo los análisis que sobre todo, Ricardo Petrella y N. Hirtt han realizado en el ámbito europeo.

     En su exposición de motivos, el texto parte de una cita de la Constitución española, que en su artículo 40 exige de los poderes públicos el fomento de la formación y readaptación profesionales, añadiendo el texto que ambas son esenciales para hacer realidad el derecho al trabajo. Hay aquí una significativa manipulación de este artículo de la Constitución, que se cita parcialmente, donde la obligación de los poderes públicos de fomentar la formación va unida a otras actuaciones en materia laboral, como el velar por la seguridad e higiene en el trabajo, garantizar el descanso mediante la limitación de la jornada laboral y las vacaciones periódicas retribuidas. Hay una contradicción palmaria entre éste y otros artículos constitucionales referidos a derechos sociales, deudores de la filosofía del Estado social, y la cínica conexión del derecho al trabajo con el condicionante de la formación.

     Una vez pagado el tributo a la Constitución, aún con moneda falsa, el legislador se siente libre para hacer emerger la auténtica constitución material que, cada vez más, aflora en la legislación del estado español, procedente de los órganos de poder y decisión de la U.E.: "En el actual panorama de globalización de los mercados y de continuo avance de la sociedad de la información, las estrategias coordinadas para el empleo que postula la Unión Europea se orientan con especial énfasis hacia la obtención de una población activa cualificada y apta para la movilidad y libre circulación, cuya importancia se resalta expresamente en el Tratado de la Unión Europea."… " es necesaria la renovación permanente… del marco normativo de la formación profesional, de tal forma que se garantice la deseable correspondencia entre cualificaciones profesionales y mercado de trabajo"… "en función de las necesidades del mercado de trabajo… se desarrollarán las ofertas públicas de formación profesional"… "La formación profesional estará orientada tanto al desarrollo personal… como… a la satisfacción de las necesidades del sistema productivo y del empleo a lo largo de toda la vida."

     Podríamos multiplicar las citas, pues el texto es, en ese aspecto, de una insoportable redundancia.

     El argumento de la inadecuación del sistema educativo, particularmente de la formación profesional, al sistema productivo y la necesidad de superar ese desfase poniendo a "la empresa" al mando, ha sido machaconamente repetido desde 1989 por grupos de presión, como el E.R.T., informes de los responsables de educación de la UE, etc., hasta su cristalización en la cumbre de Lisboa de marzo del 2000, donde los ministros de Educación dieron el visto bueno al proyecto e-learning, que trataría de poner en pie una nueva cultura educativa, centrada en la noción de "aprendizaje a lo largo de toda la vida", en la difusión de los valores empresariales, la desregulación y privatización de los sistemas educativos y la plena subordinación al objetivo de aumentar la competitividad de la economía europea frente a EEUU y los grandes productores asiáticos.

     Lo que en marzo del 2000 era un proyecto comienza a materializarse en la actuación de los distintos gobiernos: Escuela y Universidad deben adaptarse rápida y "espontáneamente" a las demandas de los empleadores, y para ello es preciso aumentar la "autonomía" de los centros y hacerlos competir entre sí. La comisaria europea V. Reding, presentando el proyecto; resumía la cuestión: "Las economías evolucionan rápidamente y, para mantener la competitividad, Europa necesita asegurar que su recursos humanos están equipados para el cambio". Junto con la insistencia en la flexibilidad y la subordinación a la empresa el proyecto hace una encendida apología de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, como instrumento decisivo de la adaptabilidad a los cambios y que deben ser introducidas en las escuelas a paso de carga. El legislador español acata esa orden, estableciendo que serán "áreas prioritarias en las ofertas formativas".

     Bien, todo esto era previsible y ya sabido, pero la cuestión es: ¿qué tiene de malo, más allá de los intereses corporativos de este o aquel sector profesional de la educación?

     Lo que hay de malo, a mi juicio, en este proceso, es que se está produciendo una auténtica mutación en la naturaleza y fines de la educación, también de la formación profesional, que de formar ciudadanos provistos de valores, saberes y capacidades, pasa a subordinarse completamente a la producción de "recursos humanos" para el sistema productivo.

     La noción de "recurso humano" procede de la teoría del "capital humano", que constituye la ortodoxia de los diseñadores europeos de políticas laborales y educativas. En sustancia, implica la reducción del trabajo a un "recurso" organizado, desclasado, reciclado y, llegado el caso, abandonado en función de su utilidad para la empresa. Como cualquier otro recurso, se trata de una mercancía que debe estar disponible en todas partes. No conoce derechos cívicos, sean políticos, sociales o culturales, los únicos límites a su explotación son de naturaleza financiera: los costes. Su derecho a la existencia y a un ingreso depende de su "performance", de su rentabilidad. Debe demostrar que es empleable, el derecho al trabajo se ha sustituido por una obligación nueva: demostrar su "empleabilidad". La educación, y particularmente la formación profesional, deben producir este recurso, en las mismas condiciones que cualquier otra mercancía: régimen de libre empresa y al menor coste. Y esto a lo largo de toda la vida, mediante la formación continua, que debe mantener utilizables y rentables los recursos de un país en permanente competencia económica con otros, y en el que el trabajo ha dejado de ser un sujeto social.

     Pero, más allá de esta filosofía apocalíptica que inspira una práctica social devastadora, subsiste la cuestión de que se trata, además, de una utopía inútil, imposible de materializar: No hay un crecimiento del empleo ligado a las nuevas tecnologías de alta cualificación, por el contrario, crece el empleo poco cualificado, como si por cada informático, cada ingeniero, debiesen surgir dos o tres guardias de seguridad, limpiadores, etc. No hay una correlación entre el aumento del nivel general de formación y el volumen global del empleo, esa correlación existe solamente entre instrucción y posición individual en el mercado de trabajo.

     De forma que la presión patronal sobre la formación encubre otras razones: En aquellos sectores donde los "empleadores" se quejan de penuria de la mano de obra, lo que quieren decir es que la tasa de paro ha descendido por debajo del 5%, provocando un aumento de las reivindicaciones salariales y sociales en general. La idea de contar con una reserva de mano de obra, formada por su propia cuenta o con dinero público fuera del tiempo de trabajo, que presione además los salarios a la baja, no puede menos que resultarles irresistible a los patrones.

    Además, las ganancias de productividad derivadas de una formación más "adaptada", conducirán, como toda ganancia de productividad a la destrucción de empleo. En las condiciones actuales de funcionamiento de nuestras economías, la adecuación escuela-empresa no es un factor de progreso social sino de empobrecimiento y paro.

     Confrontados a la imposibilidad de planificar la adecuación escuela-empresa por la propia naturaleza de los cambios económicos, imprevisibles y no planificables, han optado por la desregulación absoluta: la inestabilidad y la flexibilidad constituyen el mecanismo de la adecuación.

     Esto tiene consecuencias sobre la naturaleza misma de la formación: asistimos, también en el Proyecto de Ley, a la sustitución del concepto de cualificación, como conjunto de saberes que reúnen conocimientos y competencias, reconocido, certificado y garantizado socialmente, por el concepto de competencia, reducido a un catálogo flexible y modular de capacidades y actitudes. Los conocimientos pasan a segundo plano, pues se quedan rápidamente obsoletos y su rendimiento es débil en cuanto a adaptabilidad y competitividad: no tiene importancia la comprensión del concepto abstracto de campo electromagnético, si ya se saben interpretar las indicaciones de voltaje y amperaje a fin de familiarizarse rápidamente con una nueva máquina….
Pero todas esas competencias, ya se adquieran en un centro público, en un curso de formación privado o en la empresa, deben certificarse. Es un incentivo indispensable para el estudiante o el trabajador en formación continua. A este respecto el Proyecto avanza en la desregulación de las certificaciones, que pueden obtenerse bajo cualquier sistema de formación, incluyendo la experiencia laboral y que tendrá una estructura modular, semejante a la de los créditos universitarios. Bajo la apariencia de la modernización, se desliza una carga de profundidad contra las garantías sociales otorgadas a diplomas y cualificaciones en los procesos de contratación laboral: se contempla la posibilidad de certificar competencias parciales a quienes no hayan superado determinado curso de formación. En la práctica esto significará que a alguien que no haya obtenido un diploma de soldador, se le podrá certificar que sabe soldar, pudiendo ser contratado por quien le escamoteará el salario, las condiciones de trabajo y la protección social asociadas a la titulación.

     Por si fuera poco, la "modularización" incitará a los alumnos a concentrarse en las áreas y cursos prácticos, en detrimento de la formación general. Lo que nos lleva a la cuestión: ¿Qué tipo de trabajadores producirá este sistema? ¿Con qué cultura común? ¿Con qué armas para defender sus derechos y conquistar otros nuevos?

    A este respecto el artículo 3 del proyecto declara como uno de los fines del sistema: "incorporar a la oferta formativa aquellas acciones de formación que capaciten para el desempeño de actividades empresariales y por cuenta propia, así como para el fomento de las iniciativas empresariales y del espíritu emprendedor que contemplará todas las formas de constitución y organización de las empresas ya sean éstas individuales o colectivas". No basta con ser flexible y adaptable en lo laboral. Ni estar dispuesto a soportar ritmos de producción desenfrenados, horarios variables, trabajar en fin de semana, reciclarse por cuenta propia fuera del horario laboral o saber prescindir de las vacaciones. Para soportar esto es necesario imbuirse de la "nueva cultura de la empresa", y se pide al sistema educativo este milagro. Los valores empresariales impregnan como currículo apenas oculto la actividad de formación. Pero, si de adquirir espíritu de empresa se trata, qué mejor que el propio centro sea una empresa, parte de una red de centros autónomos que compiten entre sí. Qué mejor que el propio enseñante sea, no un funcionario, si no un trabajador unido al éxito o fracaso de su propia empresa.

     De la soledad en la que nos tocará oponernos a este proyecto puede dar cuenta una lectura del texto del acuerdo sobre moderación salarial firmado por CCOO y UGT un día antes de la aprobación por el gobierno de este Proyecto de Ley, el pasado 13 de Diciembre.

     En el Título II, cap. 1, denominado "consideraciones sobre la competitividad y el empleo en 2002", se hace un análisis sobre las dificultades de las economías mundial, europea y española "tras el 11 de Septiembre", incidiendo en la necesidad de mantener la productividad para evitar pérdidas de competitividad a través de la moderación salarial, pero también de la cualificación de los trabajadores: " la estrategia europea para el empleo ha apostado por el aprendizaje permanente a lo largo de la vida…la formación continua es un instrumento útil dado que favorece la capacidad de adaptación de trabajadores y empresas…La cualificación profesional de los trabajadores asegura su empleabilidad…. Es esencial para mantenerse en un mercado donde la posibilidad de elección es cada vez mayor…por ello debe fomentarse … la participación de las Organizaciones sindicales en la configuración de un sistema Nacional de Cualificaciones, permanentemente actualizado".

     No puede distinguirse quién ha escrito qué. Finalmente los criados se han convertido en patrones. Y en legisladores.
 

© Confederación de STEs-Intersindical